La dirección de muchas empresas precisan seguridad. Demandan certificados que aseguren que las inversiones previstas tendrán un tratamiento fiscal ventajoso.

Estos informes no son obligatorios para acceder a las deducciones, pero ofrecen a las empresas la certeza jurídica de que la Agencia Tributaria no cuestionará la naturaleza de I+D o innovación tecnológica de los proyectos que se presenten.